Bogotá, diciembre de 2023. La Asociación de Laboratorios Farmacéuticos de Investigación y Desarrollo (AFIDRO) hace un llamado al Gobierno para que se adopten las medidas necesarias que permitan solucionar la crisis del sistema de salud, y a definir de manera suficiente la Unidad de Pago por Capitación (UPC) y los Presupuestos Máximos para el año 2024.

Tal y como se evidenció en un estudio adelantado con el Centro de Estudios Económicos ANIF recientemente, el incremento de la prima UPC en los últimos tres años ha sido insuficiente. A esto se suma, el incumplimiento reiterado en el giro de los Presupuestos Máximos a través de los cuales se financian las tecnologías en salud para pacientes con enfermedades huérfanas y raras, cáncer, VIH y servicios sociales complementarios, entre otros.

En tal sentido, el hueco fiscal asociado a la subestimación de la UPC y a los cambios en los Presupuestos Máximos asciende aproximadamente a $ 9.6 billones entre 2021 y 2023, de acuerdo con este estudio. La sostenibilidad financiera del sector se traduce en impactos directos en la salud de la población, por lo tanto, avanzar en su garantía no es solo un asunto financiero sino de derechos, equidad y oportunidad.

A días de finalizar el año, nos unimos al llamado que los diferentes actores del sector, la academia y la sociedad civil han elevado al Gobierno Nacional para que no se pierda de vista que el ajuste de la UPC debe tener en cuenta además de la inflación, el aumento de frecuencias de uso, los cambios de patrones de morbilidad, el envejecimiento de la población y la creciente tendencia en la demanda de servicios de salud, tanto en el régimen contributivo como subsidiado, los cuales generaron un desfase después de la pandemia por el Covid-19.

Con la información disponible, y teniendo en cuenta estas variables, ANIF estimó que para 2024 se necesitaría un aumento como mínimo del 15% de la UPC y 10.6% de Presupuestos Máximos, lo que indica una necesidad presupuestal de $ 44.6 billones.

Reiteramos nuestro llamado al Gobierno Nacional para adelantar acciones urgentes que garanticen el derecho fundamental a la salud de los ciudadanos, garantizando el correcto flujo de recursos en el sistema de salud, y la garantía del cálculo de una UPC suficiente, de acuerdo con la información disponible para tal fin.

¡La salud de los ciudadanos no da a espera!