Bogotá, diciembre de 2023 – La Asociación de Laboratorios Farmacéuticos de Investigación y Desarrollo (AFIDRO), en alianza con el Centro de Estudios Económicos ANIF, presentaron un análisis detallado de la situación de recursos económicos del sistema de aseguramiento en salud de los últimos años y presentaron propuestas que permitirían un mejor escenario financiero con el fin de garantizar la salud de los colombianos.

La sostenibilidad financiera ha estado en el centro de la discusión este año por el déficit que distintos actores del sistema de salud han evidenciado. Es por esto por lo que ANIF y AFIDRO dieron a conocer cifras relevantes y proyecciones que se deberían considerar frente al cálculo de la UPC, que es el valor que se reconoce por la prestación de servicios incluidos en el Plan de Beneficios en Salud (PBS) para los afiliados de cada régimen y el cálculo de Presupuestos Máximos, que es la bolsa donde están los servicios y medicamentos no incluidos en el PBS.

En el caso de la UPC, el aumento de frecuencias, los cambios de patrones de morbilidad, el envejecimiento de la población y la creciente tendencia en la demanda de servicios de salud, tanto en el régimen contributivo como subsidiado, generaron un desfase después de la pandemia por el COVID 19.

Frente a esto, ANIF concluyó que el incremento de la prima UPC en los últimos tres años debió ser, en promedio, 1.4 puntos porcentuales por encima del aumento decretado, lo que solo para el año 2023 implica un déficit de $ 2.3 billones. Respecto a los Presupuestos Máximos, en 2022 hubo una inclusión de lo que hacía parte de esta bolsa hacia la UPC y en 2023 hubo una tendencia al alza de dichos presupuestos, que se estima en $ 4.3 billones adicionales.

En tal sentido, el hueco fiscal asociado a la subestimación de la UPC y a los cambios en los Presupuestos Máximos asciende a aproximadamente $ 9.6 billones entre 2021 y 2023.

Esta situación tiende a empeorar si se tiene en cuenta que, si bien el presupuesto en salud para 2024 se incrementó de manera general con respecto al 2023, lo relacionado con el aseguramiento pierde 1.2 puntos porcentuales de participación. En particular, el rubro de aseguramiento pasó de ser el 8.2% del Presupuesto General de la Nación para 2023 a ser el 7.0% para 2024 y, medido como porcentaje, del PIB pasamos del 2.2% al 2.1%.

En resumen, ANIF estima que para 2024 se necesitaría un aumento del 15.0% de la UPC y 10.6% de Presupuestos Máximos, lo que indica una necesidad presupuestal de $ 44.6 billones. Esto revela claramente que la aprobación de 35.2 billones del PGN 2024 es insuficiente y, por lo tanto, la crisis o el apagón financiero, como algunos lo han llamado, podría complicarse aún más.

A esto habría que sumarle que ya el Ministerio de Hacienda y Crédito Público (MHCP) reconoció un aumento del gasto con la reforma en el documento publicado el pasado 29 de noviembre, denominado “Escenario de Factibilidad”, cuyos supuestos llevan a una subestimación de su cálculo. Cabe resaltar que este no es considerado un aval fiscal, pues en repetidas ocasiones el MHCP afirma que no cuenta con información suficiente para hacer un análisis detallado.

Algunas de las recomendaciones del Centro de Estudios Económicos están enfocadas en realizar evaluaciones ex-post de cómo fue la suficiencia de la UPC el año pasado, saldarlo y ajustarlo al siguiente, analizando si estuvo en línea con los indicadores observados. Además, se propone fortalecer los sistemas de información y auditorías, mejorar mecanismos de contratación y robustecer la red pública, y mejorar distribución de talento humano en salud. A su vez se propone ajustar el riesgo de la UPC por condiciones en salud, y traslados de usuarios con carga epidemiológica.