Ante el anuncio hecho hoy por el Ministro de Salud en el sentido de que ya se fijó el precio del medicamento Glivec, aplicando una nueva metodología de precios, la Asociación de Laboratorios Farmacéuticos de Investigación y Desarrollo (Afidro) manifiesta:

1. El Ministerio de Salud ha creado una enorme confusión de mensajes en torno a si la nueva circular de precios propuesta se deriva o no del caso Glivec, dando paso a un lío absolutamente innecesario y perjudicial, que genera mucha incertidumbre sobre las reglas de juego aplicables a la política de precios de medicamentos. En comunicación oficial dirigida a Afidro el pasado 7 de octubre, el Ministro explícitamente respondió que la nueva metodología de precios no nacía de la Declaratoria de Interés Público (DIP) sobre Glivec: “El proyecto de circular no pretende realizar una regulación ad hoc del medicamento Glivec”, explicaba la carta. Sin embargo, la mañana del viernes 21 de octubre en una entrevista radial, el Ministro reconoció públicamente que la nueva metodología sí se deriva de la mencionada DIP, “porque se necesita fijar el precio simulando condiciones de competencia, como si no existiera exclusividad”. Esta confusión sobre el papel de la DIP en el proceso afecta la confiabilidad de los agentes económicos en el régimen de propiedad intelectual al mismo tiempo que en la política de precios.

2. La fijación del precio supone la previa expedición de una metodología general de precios aplicable a productos sometidos a DIP. Esa metodología aún no se ha expedido, pero hoy sorpresivamente se anuncia una decisión con base en ella. Es más, ni siquiera se ha reunido la Comisión de Precios para fijar el precio. ¿Qué dirán los otros dos miembros de la Comisión (la Ministra de Comercio, Industria y Turismo, y la delegada de Presidente de la República) sobre el anuncio del Ministro?

3. La cadena de errores en este proceso no hace sino crecer: a una DIP que carece absolutamente de fundamento, sumada a una incertidumbre sobre si su propósito es una licencia obligatoria o una nueva política de precios, se suma ahora el hecho sin precedentes de un anuncio sobre la fijación de un precio, sin que siquiera esté aprobado por el órgano competente la metodología general que le da sustento.

Nada de esto era necesario. Si había que regular el precio, la Comisión de Precios lo podía hacer en ejercicio de sus competencias, sin necesidad de forzar una DIP a como diera lugar. Mucho menos para terminar en una regulación de precios tan severa que no puede interpretarse sino como un castigo a las patentes, pues según el borrador solo recae sobre productos objeto de DIP.

El gobierno Santos se empeña en deteriorar tanto la confianza de los agentes en el régimen de propiedad intelectual como la certidumbre y claridad en su política de precios, y con ello arrasa con el principio mismo de seguridad jurídica.